furia diplomática

Tras unas semanas recibiendo palos por todas partes por causa de su "original" política antiterrorista (o, para expresarnos con mayor propiedad, por la ausencia de la misma), a ZP y su gobierno le ha surgido un nuevo frente de batalla: el dichoso Estatut, que salta de nuevo a la actualidad (como era más que previsible) a escasas fechas del pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo.
Como diría don César,

-sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes:

El magistrado Pablo Pérez Tremps, uno de los doce miembros del Tribunal Constitucional, formó parte del grupo de expertos juristas (en el que también se cuenta al esposo de la actual presidenta del TC, María Emilia Casas) contratados -y remunerados- en su día por la Generalidad de Cataluña para elaborar informes y prestar asesoramiento al ejecutivo catalán sobre la viabilidad del estatuto, por aquel entonces en proceso. Asimismo, y como se reconoció desde el propio gobierno de Cataluña, con este encargo "se buscaban complicidades por parte de estos profesores y expertos, que son gente de mucho peso".
En consecuencia, y dado que obviamente vulneraría los principios más básicos del Derecho el que alguien pudiese ser juez y parte en una resolución, recientemente el pleno del Alto Tribunal acordó -no sin la consiguiente dosis de polémica, inyectada desde Ferraz- la recusación de Pérez Tremps (esto es, no podrá tomar parte en la decisión sobre la constitucionalidad del Estatut).
Como al gobierno de ZP le caen periódicamente desde Cataluña advertencias en el sentido de que un rechazo del TC al Estatut supondría la privación del apoyo que la formación nacionalsocialista ERC brinda al PSOE tanto en el propio gobierno autonómico como en el de España, nuestros amigos socialistas empiezan a estar nerviosos, no vaya a ser que les quiten el sillón antes de tiempo. Así pues, y dado que los destinos de Estatut y gobierno están unidos por obra y gracia de los separatistas (a los que se ha dado la llave del poder en todas partes), está claro que el asunto este tiene que salir adelante, por huevos.
De modo que, como primera medida, y tras la marcha de López Aguilar del Ministerio de Justicia con rumbo a las autonómicas Canarias (qué curioso, creo recordar que Zapatero había jurado que nunca retiraría a un ministro del gobierno para convertirlo en candidato en unas elecciones), se le ha entregado la cartera ministerial a un viejo archienemigo de todo lo que huela a imparcialidad, Mariano Fernández Bermejo, quien formaba tándem con Conde Pumpido (más conocido como Cáándidooo) en sus tareas de condicionamiento de las labores y la imparcialidad judiciales.

En segundo lugar, desde los medios del PRISOE ya se presiona para que el recusado Pérez Tremps presente su dimisión como miembro del Tribunal Constitucional, de forma que el gobierno tendría así vía libre para designar a otro títere que asegurase un voto más para la causa. Tremps, al parecer, "se lo está pensando".

Además, de modo complementario, y por si todo lo demás fallase, ya se ha iniciado una campaña, en la cual parece habérsele asignado la voz cantante a López Garrido, de "colocación de tiritas antes de la herida", consistente básicamente en aquello a lo que ya nos tienen acostumbrados: la culpabilización del Partido Popular.

Y es que ya se sabe, el PP no quiere que los jueces hagan su trabajo, el PP pretende que la justicia es lo que dice el propio PP, el PP se comió a la abuela de Caperucita.